Tumbas abiertas, desde Centroamérica hasta Estados Unidos

Washington, 16 jun (Minds/EFE).- La frontera entre México y EEUU es la más mortal de América, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM): en ella se registraron 6.951 muertes entre 1998 y 2016.

De acuerdo con los datos del Gobierno estadounidense, unas 3.000 muertes se produjeron en el estado de Arizona, especialmente en el desierto de Sonora, uno de los puntos de cruce más peligrosos junto al río Grande (Texas).

El centro Colibrí, en Tucson (Arizona), ayuda a identificar los restos encontrados en la frontera y ha registrado hasta ahora 2.500 desaparecidos en el cruce. Toma muestras de ADN de los familiares que denuncian desapariciones y los compara con los restos que obtiene el médico forense del Condado de Pima, en el sur de Arizona, donde se halla el desierto de Sonora.

"Es importante porque estás dando a la familia una respuesta que ha estado esperando durante mucho tiempo", explicó a Efe Reyna Araibi, del Centro Colibrí.

El objetivo es cerrar las heridas y evitar una experiencia de revictimización como la que sufrió la guatemalteca Lisy Santos Mérida, de 32 años.

Su marido puso rumbo a EEUU en 2010 y, un año después, las autoridades guatemaltecas la llamaron para decirle que habían encontrado sus restos.

"Me dijeron que lo habían encontrado y que iban a hacer una cremación, yo en ese momento no me di cuenta, pero luego pensé, ¿cómo van a quemar sus restos sin que yo lo identifique?", recordó a Efe por teléfono desde Guatemala.

Trató de impedir la cremación, pero no pudo.

"Sostenía esa cajita en la que se supone que estaba mi marido" y, al llegar a su San Marcos natal, calló ante sus hijos y preparó un "entierro digno", recordó.

En 2016, la OIM contabilizó algo más de 700 migrantes muertos en América en su camino hacia Estados Unidos, de ellos 75 en Centroamérica y 400 en la frontera México-EEUU.

Estas cifras no incluyen los desaparecidos contabilizados por los comités de familiares y cifrados en 450 hondureños, 350 salvadoreños y unos 80 guatemaltecos, según la ONG mexicana Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

El fenómeno de desapariciones masivas en México se engloba dentro del actual clima de guerra contra el narcotráfico y, de hecho, en la última década, el Gobierno ha registrado la desaparición de 30.000 personas.

En esa cifra se incluyen los propios migrantes, especialmente vulnerables a las garras del "narco", según Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

"Hemos visto en la última década, en el contexto de la expansión del crimen organizado en México, una criminalidad enfocada en los migrantes por ser un blanco fácil de agarrar, por ser visibles, fáciles de identificar como migrantes y que, en muchos casos, caminan por una ruta predeterminada. Es un problema que ha existido durante mucho tiempo, pero que ahora es más visible", explicó a Efe Meyer.

La directora de la FJEDD, Ana Lorena Delgadillo, cree que debe investigarse por qué desaparecen los migrantes, para qué los quieren los grupos de delincuencia organizada.

"Sabemos, por ejemplo, que se los pueden llevar a hacer trabajo al campo o trabajo al servicio de la delincuencia organizada en régimen de semiesclavitud", apuntó a Efe.

Los carteles del narcotráfico controlan actualmente los puntos más importantes de la ruta a EEUU, incluyendo vías de los trenes de La Bestia, que cruzan México y sirven de transporte a los centroamericanos.

Los narcotraficantes han llegado a someter a los "coyotes" o "polleros" que trasladan migrantes a EEUU y que se convierten en cómplices de los secuestros, extorsiones y desapariciones forzadas.

"Los carteles saben que estos "chavitos" (muchachos) están disponibles, que pueden trabajar un poco para ellos y si hay problemas, pues los matan. Esa es una de las cosas más tristes porque sabemos que hay un porcentaje de esos "polleros" que no va a sobrevivir el proceso y no se hace nada", explicó a Efe el antropólogo Jason De León, profesor de la Universidad de Michigan.

En diciembre de 2015, México creó una unidad fiscal especial para investigar los delitos contra migrantes y un mecanismo que permite a sus familias denunciar las desapariciones en los consulados mexicanos. Otro organismo creado en 2013 se ocupa de la identificación de restos.

Para el secretario ejecutivo de Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, las tres iniciativas son "muy buenas" pero existen "desafíos", es decir, límites presupuestarios para mantener esas unidades al nivel técnico que exige el "drama" migratorio.

No obstante, una de las cosas que más preocupa a Abrão es el plan Frontera Sur, puesto en marcha por México en julio de 2014 y que ha incrementado la vigilancia en la frontera con Guatemala.

Abrão denunció a Efe que el programa ha aumentado las deportaciones, de forma que entre 2014 y 2015 el número llegó a duplicarse. Ese aumento de expulsiones tiene un "efecto colateral" al hacer más difícil identificar a las personas que tienen derecho a pedir asilo porque sufren persecución política o porque su vida corre peligro.

"La gente empieza a buscar otras rutas más peligrosas, más aisladas, con muchos más riesgos, lo que hace que aumente el número de muertes y de desapariciones", subrayó Abrão.

México ha conocido tres grandes masacres de migrantes de la última década: dos en Tamaulipas y otra en Nuevo León, donde pereció José Enríquez Velázquez, marido de Vilma Leticia López.

"Mi esposo salió con el objetivo de darnos una mejor vida, venía con ilusiones, con anhelos de darle a nuestra familia lo mejor. Fue en el tránsito por México donde él perdió su vida, en una masacre horrible, donde fueron mutilados sus cuerpos, donde nos entregaron pedazos", narró Vilma con la voz rota, en una audiencia ante la CIDH en marzo de 2015.

"Estas familias, 49 familias, 49 casos, fueron dolorosos, madres que quedaron devastadas, hijos que quedaron sin padres", denunció

Beatriz Pascual Macías

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