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Profesores de leyes ven inconstitucional el recorte de fondos a "santuarios"

Miami, 14 mar (EFEUSA).- Cerca de 300 profesores y académicos de Derecho calificaron de "inconstitucional" la orden ejecutiva del presidente Donald Trump por la que se congelarán los fondos federales a las jurisdicciones "santuario".

En una carta enviada este lunes y que cuenta con 292 firmas, los remitentes instan a la Casa Blanca a suspender la sección de la orden ejecutiva firmada por Trump el 25 de enero pasado y que congela fondos federales a cerca de 600 jurisdicciones que limitan la asistencia que ofrecen a las autoridades federales de inmigración.

La misiva recuerda que no hay una "definición legal" de estas jurisdicciones, ya sean locales, condales o estatales, que cuentan con medidas por las que se decide no participar en la aplicación de medidas migratorias, de responsabilidad del Gobierno federal.

Esta orden ejecutiva de Trump forma parte de un paquete de medidas de la Casa Blanca para ampliar y acelerar la deportación de millones de indocumentados, una de las promesas electorales del presidente.

"Al cortar la financiación federal de estas jurisdicciones con el fin de coaccionarlas a acabar con sus políticas de "santuario" se viola la Décima Enmienda, se exceden las competencias del Gobierno federal en virtud de la Cláusula de Gastos y los poderes del presidente", señalan los firmantes, entre los que hay profesores de prestigiosas universidades.

En su opinión, con estas medidas, las jurisdicciones locales y estatales hacen uso de su "autoridad constitucional" de proteger a sus residentes.

Además, apuntan, el recorte de fondos debería ser aprobado por el Congreso y no formar parte de una orden presidencial, y no podría aplicarse de manera retroactiva.

La carta indica que cualquier intento de "inducir" a estas jurisdicciones a violar los derechos constitucionales de los residentes, como al retener sin una orden judicial a indocumentados a la espera de que los detengan agentes de Inmigración, sería un "ejercicio ilegítimo".

"Tampoco puede el ejecutivo utilizar la amenaza de retener la financiación federal para obligar a los estados y localidades a rescindir las políticas de "santuario"", consideran los firmantes.

Recuerdan que la Décima Enmienda de la Constitución prohíbe al Gobierno expropiar las funciones de gobiernos estatales y locales para obligarles a cumplir las leyes federales.

Un reciente estudio calculó que las cerca de 600 jurisdicciones "santuario" podrían perder unos 870 millones de dólares en fondos federales.

La más perjudicada sería California, que se arriesga a perder hasta 239,5 millones de dólares, seguida por el estado de Nueva York, que podría dejar de recibir unos 191,1 millones de dólares.

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